El Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Atrato recibió el premio EL COLOMBIANO Ejemplar en la categoría Medio Ambiente-Institución en la edición 2021.

Cómo no querer defenderlo, si como dice Jaziri Córdoba Moreno, habitante del municipio de Medio Atrato y una de sus guardianas, el río Atrato es su fuente de vida, de supervivencia, de alimentos, cultura y diversión, y para la mayoría de los municipios recostados sobre sus orillas, unos treinta, su única vía de acceso.

A lo largo de los 750 kilómetros que tiene su cauce, desde su nacimiento en El Carmen de Atrato hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá, en aguas del mar Caribe, el Atrato es un miembro más de las comunidades, y como tal, una sentencia de la Corte Constitucional lo declaró en 2016 un sujeto de derechos, tan solo el tercer río en el mundo que ha recibido esta consideración.

Desde esa declaración, su representación legal la ejercen el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, que lo integran siete autoridades étnicas y organizaciones sociales de la cuenca, asentadas en quince municipios de la selva chocoana y parte de Antioquia. Y son ellos los que recibieron en la edición 2021 EL COLOMBIANO Ejemplar en la categoría Medio Ambiente-Institución.

Con tutela

Basta con permanecer unas horas en el malecón de Quibdó para entender su importancia: se refleja en ese ir y venir constante de canoas desde y hacia las distintas regiones del alto, el medio o el bajo Atrato, o en las que cruzan hacia el barrio Bahía Solano, al frente de la catedral San Francisco de Asís, que recibe a propios y visitantes con un vallenato que resuena en los “picós” armados en las casetas.

Se refleja, también, en los niños que juegan en sus aguas y en los canoeros que esperan por usuarios como Luis Palacio, quien desde hace quince años se dedicó a esta actividad ya que la pesca, su anterior oficio, se vio afectada por la minería ilegal que amenaza este territorio. A esta se le suman la deforestación, la explotación de sus recursos naturales, el conflicto armado, la pobreza, la vulneración del derecho fundamental de acceso al agua, entre otros problemas que agobian a la región.

Por eso Luis y los demás miembros de cerca de 600 comunidades negras, 192 resguardos indígenas y 70 consejos comunitarios celebraron la decisión histórica tomada por la Corte, que respondió a una tutela colectiva interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social, Tierra Digna.

Este, a su vez, actuó en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y otros. La tutela fue puesta a la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de otras entidades gubernamentales con alguna responsabilidad en la protección y la conservación del medio ambiente en el corredor del río Atrato.

“Si protegen al río y lo cuidan, tenemos mejor calidad de vida”, declaró Luis.

¿Quiénes son?

En la sentencia de la Corte, además de la orden emitida contra los entes demandados, se delegó la vigilancia de su cumplimiento en ese cuerpo colegiado de guardianes, que integran representantes de las organizaciones que presentaron la tutela.

En la actualidad la vocería está en cabeza de Abid Romaña y Maryury Mosquera, miembros del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, quienes comentan, al cumplirse cinco años de la sentencia, que “fue complejo que la institucionalidad se sentara a hablar con nosotros” y que cumpla con lo ordenado por la Corte.

Una de las acciones más importantes que han hecho ha sido la pedagogía de la sentencia en los municipios y las comunidades, explicando las implicaciones de la orden y de las responsabilidades que cada actor debe cumplir. Para ello se han valido de productos audiovisuales y editoriales, y también de la oralidad y la música.

De otro lado, en 2019 el Ministerio de Salud inició estudios toxicológicos y epidemiológicos con las personas, el agua y las especies en algunos de los municipios del área de influencia de la sentencia, y se está a la espera que se publiquen los resultados para que, a partir de estos, se tomen acciones que ayuden a aliviar la condición medioambiental del río.

La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría están encargadas de auditar el cumplimiento de la sentencia, y a la fecha se han entregado siete informes. Los avances, de acuerdo con los guardianes, podrían ser mejores, además porque entienden que, de la complejidad de las exigencias de la sentencia, las circunstancias actuales de la emergencia sanitaria y económica han torpedeado el giro de recursos, pero esperan que pronto se superen los inconvenientes y el río, el “majestuoso Atrato” como señalan en sus relatos, reciba la atención que atrajeron con sus acciones. “Si se garantiza la conservación del río, se garantiza la permanencia de quienes vivimos acá”, cierra Maryuri